La exministra del Deporte habría violentado las normas de contratación.

Noticias Colombia.

La Fiscalía General de la Nación presentó este lunes ante una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá, con función de control de garantías, a la exministra del Deporte, María Isabel Urrutia Ocoró, a quien le fueron imputados los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documentos relacionados con el trámite precontractual del proceso de contratación para el “Sistema de Validación Nacional”.

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De acuerdo con el comunicado de la Fiscalía, el Decreto 1622 de 2022, el Ministerio del Deporte debía liderar el proceso para contratar la implementación de un software destinado a asociar la boleta de los hinchas de fútbol con su documento de identidad, con el fin de verificar antecedentes y garantizar el cumplimiento de las restricciones de derecho de admisión en los estadios.

"La investigación liderada por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia da cuenta de que la ministra habría violentado las normas de contratación y los parámetros definidos en el Decreto 1622, donde se ordena que el proceso de escogencia del contratista debía garantizar la concurrencia de oferentes", indicó el ente judicial.

La exfuncionaria, María Isabel Urrutia, habría omitido convocar una licitación pública, según Fiscalía

La investigación señala que Urrutia Ocoró seleccionó de manera directa al contratista, omitiendo la obligatoriedad de convocar una licitación pública. Además, la exfuncionaria habría intentado en dos ocasiones recurrir a intermediarios para adjudicar el contrato, condicionándolos a subcontratar a una particular con la que ya había pactado quedarse con el proyecto desde el inicio.

Según señala el informe, estos hechos fueron advertidos en tres ocasiones por su equipo técnico y jurídico, quienes señalaron las irregularidades, pero la exministra, al parecer, los pasó por alto, continuó con el proceso y firmó un convenio interadministrativo el 30 de diciembre de 2022.

"En el trámite precontractual no se hicieron los estudios de mercado, tampoco se surtió el proceso para la formación del precio del contrato ni del valor de las actividades previstas, pero se fijó un costo que ascendió a 4.950 millones de pesos", indica el comunicado.

Falsedad ideológica en documento público

Por otro lado, señalaron que se incluyeron avales de funcionarios que no participaron en la estructuración de las condiciones ni en la selección del beneficiario del contrato, lo que constituye una clara violación a los procedimientos legales establecidos.

El objeto contratado difiere significativamente del que inicialmente autorizaba el Decreto 1622, ya que mientras el decreto habilitaba el contrato para el “Diseño e implementación del sistema de validación nacional”, lo que finalmente se contrató fue el “análisis de la implementación del sistema”.

Según la Fiscalía, "el delito de falsedad en documento público está relacionado con dos eventos. Por suscribir los estudios previos y el acto administrativo de justificación plasmando hechos contrarios a la realidad".

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