Karen Bass prohibió que agentes federales usen bienes públicos y reforzó el respaldo a comunidades afectadas por redadas.
Noticias Internacionales.
En medio de la tensión por los operativos migratorios adelantados por el gobierno federal, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, tomó una decisión contundente. El martes 10 de febrero firmó la Directiva Ejecutiva 17, una orden que busca blindar a las comunidades inmigrantes y limitar el margen de acción de los agentes federales dentro de la ciudad.
La medida surge tras detectarse intentos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por establecerse en distintos puntos del territorio angelino. Según la administración local, estas acciones han generado miedo, confusión e incertidumbre en barrios con alta presencia de población migrante.
Uno de los puntos centrales de la nueva directiva es la prohibición expresa de que propiedades de la ciudad, o espacios bajo su control, sean utilizados por agentes federales de inmigración para desarrollar sus operativos.
Además, la orden instruye al Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) a conservar y resguardar cualquier evidencia relacionada con estas acciones, en caso de que se requieran procesos de revisión o rendición de cuentas.
“Esto no es normal y nunca lo será”, afirmó la alcaldesa Bass durante el anuncio, dejando clara la postura política de su administración frente a lo que considera prácticas intimidatorias.
Respaldo de organizaciones comunitarias
La decisión fue respaldada por líderes y organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes. Joselin Duarte, directora ejecutiva de SALIF, señaló que la directiva envía un mensaje claro de respaldo a las comunidades afectadas.
La Directiva Ejecutiva 17 no es una medida aislada. Amplía lo establecido previamente en la Directiva Ejecutiva 12, que fortaleció la capacitación y los recursos para empleados municipales y sus familias frente a posibles operativos migratorios.
De acuerdo con la alcaldesa, Los Ángeles ha servido como modelo para otras ciudades del país que enfrentan situaciones similares. Con esta nueva decisión, la administración local busca consolidar su posición como una ciudad que protege a sus residentes, independientemente de su estatus migratorio.
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