Impuestos selectivos para licores, entretenimiento y servicios digitales. Se proyecta recaudar 26,3 billones.
Noticias Colombia.
El Gobierno del presidente Gustavo Petro, a través del ministro de Hacienda, Germán Ávila, radicó el 1 de septiembre en la Cámara de Representantes un nuevo proyecto de ley de financiamiento, conocido como reforma tributaria, con el cual busca asegurar la estabilidad fiscal del país y cubrir el ambicioso presupuesto de 2026, estimado en 557 billones de pesos.
El plan propone recaudar 26,3 billones de pesos, alrededor de 6.500 millones de dólares, cifra superior a los 19 billones contemplados inicialmente en el Marco Fiscal de Mediano Plazo de junio.
Medidas principales del proyecto
La iniciativa incorpora una serie de gravámenes dirigidos a sectores con mayor capacidad económica, entre ellos: IVA del 19 % a boletas de espectáculos deportivos y culturales que superen ciertos montos, incremento de la sobretasa a entidades financieras que pasará del 40 % al 50 %, impuestos a las actividades comerciales de iglesias, plataformas digitales, combustibles y vehículos híbridos, además de nuevos tributos sobre licores, cigarrillos y juegos de azar.
El Gobierno ha insistido en que la canasta básica no se verá afectada, defendiendo el carácter progresivo de la reforma: quienes más ingresos tienen serán los principales contribuyentes.
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El panorama en el Congreso es complejo. Aunque el Ejecutivo defiende la iniciativa como esencial para la estabilidad fiscal, las bancadas de oposición advierten que el proyecto tiene pocas probabilidades de avanzar en un año electoral.
El presidente de la Comisión Cuarta del Senado llegó a calificarlo como una “dictadura tributaria”, señalando que los recursos estarían orientados a sostener “derroche y corrupción”.
Por su parte, gremios empresariales como AmCham Colombia pidieron que el debate no se limite al aumento de impuestos, sino que también contemple una mayor disciplina en el gasto público.
El trasfondo fiscal
El contexto económico explica la urgencia del proyecto. Con la suspensión de la regla fiscal, Colombia enfrenta un déficit proyectado del 6,2 % del PIB para 2026 y recientemente sufrió una rebaja en su calificación crediticia.
Según el Gobierno, sin esta reforma el país se vería obligado a incrementar su nivel de endeudamiento, comprometiendo la estabilidad a largo plazo.
El reto en el Congreso
El proyecto será discutido en los próximos meses y necesitará mayorías en ambas cámaras para convertirse en ley. El debate promete ser uno de los más álgidos del segundo semestre, pues conjuga factores económicos, políticos y electorales.
Mientras el Ejecutivo insiste en que se trata de una reforma necesaria y progresiva, la oposición y varios sectores sociales alertan sobre el impacto en la confianza de los ciudadanos y la competitividad de las empresas.
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