El proceso judicial sigue abierto y podría traer nuevas decisiones sobre la reforma.
Noticias Colombia.
El Consejo de Estado avanzó en el análisis de la totalidad del Decreto 415 de 2026, expedido por el Gobierno nacional para ordenar el traslado de recursos desde fondos privados hacia Colpensiones. La decisión hace parte de varias demandas que buscan tumbar la norma por presuntas irregularidades jurídicas.
La controversia se concentra en el artículo 76 de la Ley 2381 de 2024, que creó una oportunidad excepcional de traslado entre regímenes pensionales. Según esa norma, los recursos debían permanecer en las AFP “hasta la consolidación del derecho pensional”.
El decreto cambió el momento del traslado
Los demandantes aseguran que el Gobierno modificó esa condición mediante decreto, al ordenar el traslado inmediato de recursos hacia Colpensiones, incluso para afiliados que todavía no cumplen requisitos de pensión.
Para el Consejo de Estado, el Ejecutivo podría haber excedido su facultad reglamentaria al alterar aspectos que ya habían sido definidos por el Congreso en la ley.
El Decreto 415 de 2026 establecía tiempos acelerados para ejecutar los traslados. Las AFP debían girar parte de los recursos en 20 días y completar el movimiento en los 10 días siguientes. En otros casos, el plazo fijado era de apenas 15 días.
El alto tribunal advirtió que una movilización masiva de recursos podría generar consecuencias difíciles de revertir. Según el análisis judicial, una vez el dinero ingrese a un fondo común administrado por Colpensiones, podría perderse la trazabilidad individual de esos ahorros.
Demandas hablan de riesgos económicos y jurídicos
Dentro de los procesos acumulados también se mencionan posibles impactos sobre el mercado financiero, afectaciones patrimoniales para afiliados y riesgos sobre la seguridad jurídica del sistema pensional.
Los demandantes incluso sostienen que la medida podría afectar el mercado de deuda pública debido a la liquidación acelerada de activos.
El expediente judicial revela que más de 119 mil personas hicieron uso de la oportunidad excepcional de traslado entre regímenes pensionales. De ese total, más de 97 mil aún no consolidan su derecho a pensión.
Ese grupo es uno de los puntos centrales dentro de la discusión jurídica que hoy enfrenta al Gobierno con los demandantes.
Aunque ya existen medidas cautelares dentro del proceso, el Consejo de Estado todavía deberá decidir si el Decreto 415 de 2026 vulneró la Constitución y modificó de manera irregular las reglas fijadas por la reforma pensional.
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