Desviaron millonarios recursos destinados a la educación en zonas apartadas, según la Fiscalía.
Noticias Caribe.
La Fiscalía General de la Nación reveló recientemente la condena contra dos exfuncionarios públicos y un contratista implicados en un entramado de corrupción que desvió 5.000 millones de pesos destinados a la educación de menores en zonas apartadas del departamento del Magdalena.
El fallo judicial impuso severas penas de prisión a los involucrados. El exsecretario de Educación de Magdalena, Antonio José Matera., fue sentenciado a 20 años y 10 meses de cárcel. Por su parte, la exfuncionaria de la gobernación departamental, Dubys Teresa Zagarra, recibió una condena de 25 años, mientras que el contratista John Mairon M. enfrentará la pena más alta: 33 años y 4 meses de prisión.
Según el ente acusador, los tres fueron hallados culpables del delito de peculado por apropiación. Adicionalmente, Zagarra Palacios también fue condenada por falsedad ideológica en documento público.
El fraude y la afectación educativa
De acuerdo con el ente judicial, los hechos que motivaron la investigación giran en torno al contrato 545 de 2013, firmado entre la Gobernación del Magdalena y una fundación, por un valor de 18.531 millones de pesos. Su objetivo era garantizar el acceso a la educación de 15.524 niños y adolescentes en zonas de difícil acceso. Sin embargo, solo se beneficiaron 5.191 menores.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción estableció que el contratista Macías no cumplió con la instalación de aulas, la dotación de materiales ni el pago de honorarios a los docentes.
«De igual manera, quedó en evidencia que Macías Sierra presentó documentos falsos como contratos de profesores y facturas que daban cuenta de que una empresa cubría determinadas actividades, cuando en realidad eso no ocurrió. La compañía en realidad estaba habilitada para comercializar partes, piezas y accesorios para automóviles».
Según el informe, pese a los incumplimientos, la interventoría del contrato, a cargo de una universidad pública, certificó la correcta ejecución del proyecto. Zagarra Palacios avaló el proceso y Matera Ramos aprobó el desembolso. «Con estas actuaciones los involucrados auspiciaron el desvío de 5.000 millones de pesos».
El fallo es de primera instancia y los condenados aún pueden presentar recursos legales, pero deberán cumplir su pena en prisión.
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