La entidad advierte fallas en la respuesta institucional frente al aumento de la violencia.
Noticias Valle.
Las dinámicas de violencia en Buenaventura no solo se reflejan en cifras, sino en la vida cotidiana de sus habitantes. Restricciones a la movilidad, temor en los barrios y afectaciones a entornos escolares hacen parte del panorama que hoy enfrentan varias comunidades.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, estos hechos han derivado en la imposición de “fronteras invisibles” y confinamientos de facto, lo que limita la participación social y el ejercicio de derechos.
“Estos hechos de violencia impactan la organización social, la participación y el ejercicio de derechos”, señaló la entidad.
Uno de los elementos que más preocupa es la creciente afectación a jóvenes, quienes se encuentran en medio de las disputas armadas.
“De manera especial, se evidencia una afectación a jóvenes hombres que se relacionan con patrones de reclutamiento, instrumentalización o señalamiento en medio de las disputas territoriales. Además, se ha documentado al menos un caso de reclutamiento de una menor de edad y la aprehensión de otro presuntamente vinculado a estructuras armadas, así como tres casos de personas desaparecidas, fenómeno que opera de manera paralela al homicidio”, indica la Defensoría.
A esto se suma la incertidumbre de las familias, que enfrentan dificultades en los procesos de búsqueda e identificación de desaparecidos, en medio de una limitada disponibilidad de información.
La violencia se expande: barrios en disputa y economías ilegales
Detrás de este panorama, la Defensoría advierte una expansión de las disputas territoriales en sectores como San Francisco, San Luis, Juan XXIII y zonas de la comuna 12.
Estas confrontaciones, asociadas al control de economías ilícitas, han intensificado fenómenos como la extorsión a comerciantes y transportadores, así como enfrentamientos armados en zonas residenciales que afectan viviendas y la movilidad.
“De acuerdo con la información recolectada, el aumento de los homicidios y otras situaciones de violación a los Derechos Humanos responden a procesos de reconfiguración interna de estos grupos, asociados, entre otros factores, a la captura de integrantes, lo cual ha generado disputas por el control territorial y ajustes internos”, indicó la entidad.
En medio de este contexto, los homicidios reflejan la gravedad de la situación. Según la Defensoría del Pueblo, entre febrero y marzo de 2026 se registraron al menos 23 asesinatos, principalmente de jóvenes entre los 17 y 30 años.
La entidad calificó este panorama como “un preocupante aumento de homicidios y violencia armada”.
Cuestionamientos a la respuesta del Estado
Para la Defensoría, la persistencia de estos hechos evidencia fallas en las acciones institucionales.
“Esto evidencia el incumplimiento de los compromisos de desescalamiento de la violencia y la insuficiencia de la respuesta estatal”, advirtió.
Asimismo, reiteró que “la persistencia de homicidios, desapariciones, reclutamiento de menores de edad y otras conductas asociadas reflejan la necesidad de ajustar las acciones institucionales y fortalecer su alcance en el territorio”.
Frente a este escenario, la entidad instó a las autoridades a adoptar medidas inmediatas y sostenidas que permitan contener la violencia.
El llamado está dirigido al Gobierno nacional, regional y local para fortalecer la intervención en seguridad, justicia y oferta social, con prioridad en los sectores más afectados.
“Esta respuesta institucional debe priorizar los sectores con mayor afectación y atender de manera diferenciada a jóvenes, comunidades en condición de vulnerabilidad y entornos educativos”, indicó la Defensoría.
Además, exigió a los grupos armados que participan en procesos de diálogo cumplir los compromisos asumidos, respetar la vida de las comunidades y avanzar en su desmovilización.
