La historia terminó con un final feliz.
Noticias Caribe.
Una historia de dolor e injusticia vivió José Blanco Escorcia, un vendedor de sopa del barrio San Nicolás, en El Pozón, Cartagena, cuando fue agredido por cobradiarios que le exigían el pago de una deuda diaria. El hecho ocurrió el sábado 26 de julio de 2025 y quedó registrado en video, donde se observa cómo le tumban su olla de sopa, dejándolo sin posibilidad de trabajar ese día.
El caso generó una fuerte ola de indignación en redes sociales, al tratarse de un hombre que se gana la vida de forma honrada vendiendo alimentos en una zona popular de la ciudad. Las imágenes de su olla destruida en el suelo se viralizaron rápidamente, motivando el rechazo de la comunidad cartagenera ante la violencia de los cobros ilegales conocidos como "pagadiarios".
La presión ciudadana llegó hasta el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, quien se movilizó hasta el lugar donde ocurrió la agresión. Allí se reunió con el vendedor y le ofreció apoyo directo para superar la difícil situación. Turbay calificó el acto como inaceptable y se comprometió a ayudarle a recuperar su sustento.
En ese sentido, la Alcaldía de Cartagena, a través de la Secretaría de Hacienda, entregó a José Blanco un capital semilla que le permitirá saldar sus deudas con los pagadiarios y continuar con su emprendimiento gastronómico de forma digna y sin presiones ilegales. El apoyo incluye, además, acompañamiento para evitar que caiga nuevamente en manos de prestamistas abusivos.
“Este señor representa la lucha diaria de muchos cartageneros que salen a trabajar con esfuerzo, sin hacerle daño a nadie. No vamos a permitir que la delincuencia financiera los siga atropellando”, expresó el alcalde Turbay durante su visita, asegurando que se fortalecerán estrategias de inclusión financiera en los barrios más vulnerables.
El caso de José Blanco ha encendido nuevamente las alarmas sobre la problemática de los pagadiarios en Cartagena, una práctica informal de préstamo con intereses elevados que afecta a vendedores ambulantes, madres cabeza de hogar y pequeños comerciantes. Las autoridades han insistido en que los ciudadanos busquen alternativas legales y seguras para financiar sus negocios, evitando así caer en redes que pueden poner en riesgo su seguridad y estabilidad económica.
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