El máximo tribunal reafirmó la protección de la Decimocuarta Enmienda y dejó sin efecto la orden ejecutiva del mandatario.
Noticias Internacionales.
La política migratoria de Donald Trump recibió uno de sus golpes más importantes desde su regreso a la Casa Blanca. La Corte Suprema de Estados Unidos anuló el decreto con el que el mandatario buscaba limitar la ciudadanía por nacimiento y ratificó que la Constitución protege a casi todos los niños que nacen en territorio estadounidense, incluidos los hijos de migrantes indocumentados y de extranjeros con residencia temporal.
La decisión fue aprobada por seis votos contra tres y confirmó que la orden ejecutiva firmada por Trump contradecía la Decimocuarta Enmienda de la Constitución. El presidente de la Corte Suprema, John G. Roberts Jr., explicó que quienes nacen en Estados Unidos adquieren la ciudadanía desde el momento de su nacimiento, sin importar si sus padres ingresaron al país de forma irregular o permanecen con visas de estudiante, trabajo o turismo.
Roberts recordó que la ciudadanía representa "el derecho a tener derechos" y destacó que quienes redactaron la Decimocuarta Enmienda extendieron esa garantía a "toda persona nacida libre en esta tierra". Con esa interpretación, la mayoría de magistrados concluyó que el principio constitucional sigue plenamente vigente y que la promesa de igualdad ante la ley debe mantenerse.
El decreto de Trump nunca llegó a entrar en vigor
La disputa comenzó el primer día del segundo mandato de Trump, cuando presentó la orden ejecutiva denominada "Proteger el significado y el valor de la ciudadanía estadounidense". El documento buscaba impedir que obtuvieran automáticamente la nacionalidad estadounidense los hijos de migrantes indocumentados y de personas que permanecieran legalmente en el país de forma temporal.
Sin embargo, la medida enfrentó una rápida respuesta de organizaciones defensoras de derechos civiles, colectivos de apoyo a migrantes y futuros padres, quienes presentaron demandas ante los tribunales. Gracias a esas acciones, jueces federales suspendieron la aplicación del decreto mientras avanzaba el proceso judicial, por lo que nunca produjo efectos.
Con esta decisión definitiva, la Corte Suprema puso fin a una de las batallas legales más importantes sobre inmigración en los últimos años. Además de representar una derrota para Donald Trump, el fallo reafirma que una orden ejecutiva no puede modificar un derecho protegido expresamente por la Constitución de Estados Unidos, dejando intacto uno de los principios más antiguos del sistema de ciudadanía del país.
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