Un tribunal consideró que la justificación que había dado el juez no tenía sustento legal.
Noticias Caribe.
El juez José de Jesús Vergara Otero fue condenado a 7 años de prisión por el delito de prevaricato por acción agravado, luego de haber concedido de forma irregular la medida de detención domiciliaria a Juan Carlos Romero Gómez, alias “JK”, presunto cabecilla de la estructura criminal Los Costeños, que delinque en Barranquilla y la región Caribe. La decisión judicial fue emitida por el Tribunal Superior de Barranquilla el pasado 2 de septiembre.
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Según el fallo, el juez Vergara, quien en 2019 se desempeñaba como juez 12 penal municipal con funciones de control de garantías, sustituyó una medida de aseguramiento en centro carcelario por prisión domiciliaria, bajo el argumento de que el acusado era “padre cabeza de familia”. Sin embargo, el tribunal consideró que dicha justificación no tenía sustento legal y que la medida violaba lo establecido por el Código de Procedimiento Penal, ya que el procesado enfrentaba cargos por delitos graves como homicidio, extorsión y microtráfico.
La sentencia señala que el juez actuó de manera arbitraria, sin tener en cuenta la gravedad de los hechos ni las pruebas presentadas por la Fiscalía. Los magistrados calificaron su actuación como “unilateral, sesgada y sin fundamento jurídico válido”, al aplicar criterios personales por encima de las normas procesales. Esta actuación, según el tribunal, generó un grave daño a la justicia y favoreció a estructuras criminales activas en la región.
Además de la pena de 84 meses de prisión, Vergara Otero fue sancionado con una multa de más de 66 salarios mínimos mensuales vigentes y quedó inhabilitado por 80 meses para ejercer cargos públicos. También se ordenó su captura inmediata, y no se le concedieron beneficios como la prisión domiciliaria ni la suspensión de la pena, por la gravedad de su conducta.
El nombre de José de Jesús Vergara Otero ya había sido mencionado en anteriores investigaciones por presuntas irregularidades judiciales. Informes periodísticos y de la Fiscalía lo vinculan con una presunta red de corrupción que favorecía a integrantes de bandas criminales a través de decisiones judiciales amañadas. En dicha red también estaban implicados otros jueces, abogados e intermediarios del Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla.
La condena ha sido interpretada como un paso importante en la lucha contra la corrupción dentro del sistema judicial colombiano. Para las autoridades, este fallo representa un mensaje claro de que los funcionarios judiciales que utilicen su cargo para beneficiar a criminales no quedarán impunes. La justicia, enfatizaron, no puede ser utilizada como herramienta al servicio del delito.
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