Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Representantes busca que los hogares de bajos ingresos puedan comprar vivienda sin reunir previamente el dinero de la cuota inicial. La iniciativa es impulsada por el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas y cuenta con el respaldo de la bancada del Partido Conservador.

La propuesta plantea un esquema de subsidios, financiación de largo plazo y garantías estatales para reducir las barreras que enfrentan las familias al solicitar un crédito hipotecario. Cárdenas abordó la iniciativa en una entrevista con Blu Radio, realizada por la periodista Salima Feris Guerra, en la que explicó el objetivo de facilitar el paso del arriendo a la adquisición de vivienda propia.

¿En qué consiste el proyecto?

El mecanismo contempla un subsidio estatal de hasta 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes por hogar, destinado a cubrir la cuota inicial y gastos asociados a la compra, como los notariales, de registro y de garantías. A esto se sumaría un apoyo para reducir la tasa de interés del crédito hipotecario.

Según la propuesta divulgada, el Estado podría asumir hasta cinco puntos porcentuales de los intereses durante los primeros siete años de financiación, con condiciones diferenciales para determinados hogares, incluidas las mujeres cabeza de familia. Los créditos podrían estructurarse a plazos de hasta 30 años.

Bajo uno de los escenarios presentados por sus promotores, la cuota mensual estaría alrededor de los 700.000 pesos, un valor que busca acercarse al gasto que algunos hogares destinan actualmente al arriendo. Sin embargo, esta cifra es una estimación y no representa una cuota garantizada para todos los compradores, ya que el valor final dependería del precio del inmueble, el monto financiado, las condiciones del crédito y la aplicación efectiva de los subsidios.

Trabajadores informales, entre los posibles beneficiarios

Uno de los propósitos centrales de la iniciativa es facilitar el acceso a vivienda a personas que reciben ingresos de manera constante, pero tienen dificultades para demostrar su capacidad económica con los documentos que suelen exigir las entidades financieras. En ese grupo se encuentran trabajadores independientes, conductores de plataformas digitales, taxistas, vendedores ambulantes y otras personas que trabajan por cuenta propia.

La propuesta plantea usar información sobre pagos de arriendo, servicios públicos y otras obligaciones, así como registros de transacciones, para contribuir a la evaluación financiera de los solicitantes. El esquema también contempla el respaldo del Fondo Nacional de Garantías para reducir los riesgos de las entidades que otorguen los créditos.

Pertenecer a estos grupos poblacionales no daría acceso automático al beneficio. La selección de los hogares, los requisitos de elegibilidad y los mecanismos para acreditar ingresos tendrían que ajustarse a las disposiciones que finalmente se aprueben.

¿Qué tipo de vivienda contempla?

La iniciativa está orientada a facilitar el acceso a vivienda de interés prioritario, tanto en zonas urbanas como rurales, con especial atención a los hogares que perciben ingresos de hasta dos salarios mínimos. El subsidio propuesto podría destinarse a cubrir la cuota inicial y otros costos vinculados a la adquisición, dentro de los límites previstos por el proyecto.

La propuesta pretende complementar los instrumentos existentes de política habitacional. Su alcance frente a programas como Mi Casa Ya y la posibilidad de combinar beneficios dependerán de las disposiciones legales y reglamentarias que se establezcan.

El costo fiscal, uno de los puntos por definir

La implementación del programa requeriría recursos públicos para financiar los subsidios y respaldar los mecanismos de crédito. Su alcance dependerá de la disponibilidad presupuestal y de las decisiones que adopte el Gobierno sobre el número de hogares que podrían beneficiarse.

Los cálculos divulgados por los promotores contemplan un aporte estatal de hasta 30 salarios mínimos por hogar, además de los componentes relacionados con los intereses y las garantías, por lo que el costo total no se limita al valor de los subsidios para la cuota inicial. El número de viviendas que podrían financiarse y los recursos que se asignarían deberán definirse en el desarrollo de la iniciativa.

¿Cuándo se podría solicitar el beneficio?

La propuesta fue radicada ante la Cámara de Representantes como el Proyecto de Ley 455 de 2026. Su presentación no significa que el subsidio ya esté aprobado ni que exista una convocatoria abierta para recibir solicitudes.

Antes de que el mecanismo pueda ponerse en marcha, la iniciativa deberá superar el trámite legislativo correspondiente y contar con las condiciones presupuestales y operativas necesarias para su implementación. Por ahora no es posible establecer una fecha definitiva para las inscripciones ni asegurar que todos los componentes anunciados se apliquen en los términos expuestos por sus promotores.