El proyecto contempla beneficios por aceptación de cargos, refuerza el principio de oportunidad y apunta a que las sentencias se emitan en un máximo de 12 meses.
Noticias Colombia.
En la tarde del martes 27 de mayo de 2025, la Cámara de Representantes aprobó en último debate el proyecto de ley que busca reformar el sistema penal acusatorio colombiano. La iniciativa, denominada “reforma a la justicia”, corresponde al proyecto de Ley N.º 455 de 2024 Cámara – 281 de 2024 Senado.
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Según el documento oficial, la ley modifica aspectos clave de las Leyes 599 de 2000, 906 de 2004 y 1121 de 2006. Incluye medidas como:
Reducción de tiempos procesales: se espera que las sentencias pasen de tardar más de una década a resolverse en plazos entre uno y doce meses. Reparación integral a las víctimas, como parte esencial del proceso. Más beneficios por aceptación de cargos, incluso en casos de flagrancia, con rebajas de pena condicionadas. Uso de pruebas anticipadas, para acelerar la toma de decisiones judiciales. Fortalecimiento del principio de oportunidad, que permitirá suspender términos procesales y evitar la prescripción de delitos.
El propósito central es descongestionar el sistema judicial colombiano, acortar los tiempos de los procesos penales y prevenir la prescripción de miles de casos, que según el Ministerio de Justicia ya superan los 43.000 en los últimos años.
Aval de las altas cortes y respaldo multipartidista
La iniciativa fue construida de manera conjunta por la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Justicia y del Derecho y congresistas de diferentes partidos.
“Se ha aprobado y es un avance crucial para acercar la justicia en términos de equidad. Hoy gana la administración y gana Colombia”, expresó Augusto Ocampo, ministro encargado de Justicia.
Por su parte, el presidente de la Corte Suprema, Octavio Augusto Tejeiro, resaltó que se trata de “un proyecto de gran importancia para el país, que acelera los tiempos de justicia y acerca la justicia al ciudadano”.
Sentencias en menos de un año y ahorro para el Estado
Uno de los objetivos más ambiciosos de la reforma es lograr que las sentencias penales se emitan entre uno y doce meses, en contraste con los más de diez años que pueden tardar actualmente. Esto, además de brindar justicia más rápida, generaría ahorros significativos para el Estado.
La propuesta también amplía beneficios por aceptación de cargos, incluso en casos de flagrancia, bajo condiciones específicas, y fortalece mecanismos alternativos de justicia, como el principio de oportunidad.
Tras esta aprobación en la Cámara, el proyecto pasa a etapa de conciliación entre Cámara y Senado, y posteriormente a sanción presidencial, con el objetivo de convertirse en una herramienta clave para una justicia más rápida, eficaz y cercana al ciudadano.
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