Mientras se cumple la orden judicial, persisten dudas sobre el futuro de las familias y la responsabilidad de quienes lotean y venden terrenos.
Noticias Cali.
El desalojo del asentamiento Brisas de las Torres, en el oriente de Cali, vuelve a poner en el centro del debate un problema estructural de la ciudad: la expansión de ocupaciones ilegales y la falta de soluciones de vivienda para familias vulnerables.
La medida, que responde al cumplimiento de una orden judicial, se da en medio de tensiones entre la comunidad y la administración distrital. Aunque el proceso ha sido presentado bajo parámetros legales y con acompañamiento institucional, el futuro de las cerca de 390 familias afectadas sigue siendo incierto, más allá de las alternativas temporales ofrecidas por el Distrito.
Entre el cumplimiento judicial y la incertidumbre social
El desalojo no es una decisión aislada. Según ha reiterado la Alcaldía, se trata de una actuación obligatoria en cumplimiento de una orden judicial, bajo los lineamientos de la Corte Constitucional.
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Además del componente legal, las autoridades han insistido en los riesgos del lugar. El asentamiento está ubicado en una zona atravesada por redes de transmisión de energía de alta tensión, lo que representa un riesgo inminente para la vida e integridad de las familias.
Sin embargo, el punto crítico sigue siendo qué ocurrirá con quienes deben abandonar el lugar. Desde 2024, la administración ha adelantado procesos de caracterización, mesas de diálogo y subsidios de arrendamiento. Aún así, solo cerca de 100 hogares han accedido a estas alternativas, lo que deja a la mayoría en condición de vulnerabilidad.
El escenario refleja una tensión de fondo: el Estado cumple una orden judicial y previene riesgos, pero no ofrece soluciones de vivienda definitivas para la mayoría de los afectados.
El otro lado del problema: quiénes están detrás de las invasiones
El caso de Brisas de las Torres también abre una pregunta clave: ¿quiénes están promoviendo y lucrándose de las ocupaciones ilegales en Cali?
En sectores del oriente y la ladera, se repite un patrón: loteo informal, venta ilegal de terrenos y promoción de asentamientos en zonas de riesgo o con problemas jurídicos.
Aunque este fenómeno es conocido, las acciones contra quienes estarían detrás de estas prácticas han sido limitadas o poco visibles, lo que contrasta con la ejecución de los desalojos.
Esto evidencia un vacío: se interviene sobre las familias que ocupan los predios, pero no siempre sobre las estructuras que hacen posible estas ocupaciones.
Lo ocurrido en Brisas de las Torres no es aislado. En Cali, las invasiones han crecido en los últimos años, impulsadas por factores como el déficit de vivienda, la informalidad y la falta de acceso a suelo urbanizable.
En este contexto, las ocupaciones se convierten en una alternativa de hecho para muchas familias, pese a los riesgos. Siga leyendo : Llegaron a desalojar, de nuevo, el cerro de Las Antenas: invasores ya lotearon
El problema va más allá de lo habitacional. También involucra planificación urbana y control territorial. Sin una intervención integral, los desalojos terminan siendo medidas reactivas que no frenan la expansión del fenómeno en otros sectores.
El desalojo de cerca de 1.300 personas que en este momento se adelanta en el asentamiento humano de desarrollo incompleto Brisas de las Torres, en cumplimiento de una decisión judicial y administrativa de obligatorio acatamiento, es una situación que desborda el ámbito local y… pic.twitter.com/vDdmwL1fK1
— Personería de Cali (@personeriacali) July 22, 2026
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