La Contraloría detectó un daño fiscal de $5.670 millones y advirtió riesgos sanitarios en diez terminales del país.
Noticias Colombia.
La Contraloría General de la República reveló un hallazgo fiscal por $5.670 millones en la Aeronáutica Civil (Aerocivil). El motivo: un contrato firmado en 2022 para operar y mantener sistemas de agua potable y residual en diez aeropuertos que no contaban con las licencias ambientales requeridas.
Aeropuertos sin permisos
El contrato, identificado como 22001380-02 H3, incluía los terminales de Florencia, Guaymaral, Leticia, Mariquita, Neiva, Pitalito, Puerto Asís, San Vicente del Caguán y Villagarzón.
La auditoría advirtió que en varios de estos aeropuertos los sistemas de agua potable (PTAP) y de tratamiento de aguas residuales (PTAR) operan sin concesiones de agua ni permisos de vertimiento otorgados por las autoridades ambientales. En casos como Leticia y Villagarzón, ni siquiera hay licencias vigentes.
Esto, según la Contraloría, representa un riesgo para la salud pública de viajeros y comunidades cercanas, pues los vertimientos podrían no cumplir con los estándares ambientales.
Retrasos en obras clave
El informe también cuestionó el lento avance del Programa de Aeropuertos para Servicios Aéreos Esenciales (ASAES), considerado prioritario en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026.
Aunque la Aerocivil comprometió más de $377.000 millones en convenios con el Ejército Nacional y ENTerritorio para mejorar 14 aeródromos, el progreso al cierre de 2024 era de apenas 2,31 %. Solo se registraron avances en Cumaribo (8,47 %) y La Primavera (6,28 %).
El organismo de control advirtió que estos retrasos pueden dejar sin soluciones a comunidades apartadas que dependen del transporte aéreo para acceder a bienes y servicios básicos, además de generar sobrecostos en la ejecución de las obras.
Vea:
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