Una anciana armada, dos muertos y un país dividido entre la legítima defensa y el homicidio.
Noticias Internacionales.
Un año después del tiroteo que estremeció a México, Carlota Alfaro Quintana, conocida mediáticamente como la “abuela sicaria”, salió de prisión el pasado 1 de abril de 2026 para continuar su proceso en prisión domiciliaria, de acuerdo con reportes de prensa y videos difundidos en redes. La mujer de 74 años, quien disparó contra varias personas en Chalco, Estado de México, en medio de una disputa por un inmueble, ahora enfrenta prisión domiciliaria mientras continúa su proceso legal.
Era la tarde del 1 de abril de 2025 en la colonia Exhacienda de Guadalupe, municipio de Chalco, cuando un video captó el momento exacto en que Carlota N desenfundó un arma y disparó. El resultado: dos muertos, Justin de 54 años y su hijo Esaú de 14, además de otro menor herido. Lo que parecía una simple disputa inmobiliaria se convirtió en un caso nacional que dividió radicalmente a la opinión pública mexicana.
Según las versiones recogidas en carpetas de investigación y en medios, Carlota llegó al inmueble acompañada de dos familiares. Su hija Mariana había denunciado días antes una presunta invasión de su propiedad. Sin embargo, los familiares de las víctimas aseguran tener un contrato de arrendamiento válido y que apenas llevaban una semana viviendo ahí.
Dos versiones irreconciliables
Para la familia de Carlota, se trató de un intento de legítima defensa ante lo que consideran invasores de su propiedad. Para la familia de Justin y Esaú, fue un acto premeditado de violencia. “No llegaron a querer llegar a un acuerdo, llegaron a disparar, a matar”, declaró una de las nueras ante medios nacionales, quien grabó los últimos momentos de vida de su suegro y cuñado.
El contraste es brutal: mientras unos veían en Carlota a una especie de heroína que “hizo lo que el Estado no hace”, otros denunciaban la glorificación de una presunta asesina. Se hicieron playeras, muñecos, corridos y memes en torno a su figura. La anciana se convirtió en un símbolo involuntario de la frustración social ante la impunidad y la ineficacia institucional.
El cambio de prisión preventiva a domiciliaria se habría debido, según las resoluciones judiciales y la defensa, a su edad avanzada y a un estado de salud delicado. Ahora porta un brazalete electrónico, no puede salir del domicilio de su hijo en Chicoloapan y debe presentarse periódicamente ante las autoridades, de acuerdo con lo reportado por medios locales. Además, pagó una garantía de 250,000 pesos mexicanos.
“Fue como una defensa personal”, declaró Carlota al salir del reclusorio, abrazada por su hijo Arturo, en declaraciones difundidas en redes y noticieros.
Mientras tanto, la familia de Justin y Esaú sigue reclamando justicia, enfrentando no solo el dolor de la pérdida, sino también el peso de ver cómo sus muertos son convertidos en villanos en redes sociales. El Estado mexicano, una vez más, queda en el centro del cuestionamiento: ¿cuál es su responsabilidad cuando los ciudadanos recurren a la violencia ante la ausencia de soluciones institucionales?
