Tras conocerse contrato para adquirir el químico, el Mindefensa aclara que su empleo no contradice la política presidencial.
Noticias Colombia.
La polémica surgió luego de que se revelara un proceso de contratación por parte de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional, iniciado el 26 de febrero, para adquirir un herbicida a base de glifosato con fines de erradicación de cultivos ilícitos.
El ministro de Defensa, Iván Pedro Sánchez, aclaró en entrevista con Mañanas Blu que este agroquímico, cuya aspersión aérea está suspendida desde hace una década, solo se utilizaría en erradicaciones manuales y concertadas con las comunidades.
"La erradicación con glifosato se haría únicamente si se acuerda con el campesinado. No hay ninguna imposición", enfatizó. Lea: Aspersión aérea con glifosato en Colombia se reanudaría en abril: Ministro de Defensa
Aunque el presidente Gustavo Petro ha sido uno de los más férreos críticos del uso del glifosato —por considerarlo ineficaz y estigmatizante para los campesinos cocaleros—, el ministro aseguró que no hay contradicciones al interior del Gobierno.
"Aclaré esto públicamente, y el presidente le dio retweet. Eso muestra que el supuesto cortocircuito no es interno", declaró Sánchez en rueda de prensa.
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El ministro también subrayó que el uso del glifosato en Colombia está permitido en el sector agrícola y, por tanto, su adquisición no contraviene la ley.
“Por decisiones ya tomadas anteriormente, estamos en una etapa de contratación. Pero si la sustitución voluntaria de cultivos funciona bien, quizá nunca tengamos que usarlo”, agregó.
Contexto jurídico y político
El uso del glifosato ha estado en el centro del debate nacional durante más de una década. En 2015, bajo el gobierno de Juan Manuel Santos, se suspendió la aspersión aérea.
En 2017, la Corte Constitucional condicionó su posible reactivación al cumplimiento de estrictos requisitos ambientales y sanitarios.
Durante el mandato de Iván Duque, se impulsó un regreso a la aspersión aérea mediante nuevos decretos, pero en enero de 2022 —antes del cambio de gobierno— la Corte volvió a bloquear esa vía, reafirmando la necesidad de la consulta previa con las comunidades afectadas.
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