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Uno de los casos es el de Andrés Mayorquín, asesor legislativo de la Presidencia, y su esposa Karen Vaquiro.

Por estos días escándalosos contratos envuelven a la Presidencia de Colombia, «parejas de altos cargos del Ejecutivo que reciben millonarios contratos. Vale la pena reevaluar qué tan transparente es permitirlo», cuestionan.

Noticias Colombia.

Esta semana medios como Blu Radio y Caracol Radio han destapado escándalos de contratos de parejas relacionadas laboralmente con la Presidencia de Colombia, pero que a su vez, han obtenido jugosas contrataciones para hacer asesorías, hasta en áreas en las que no tienen la experiencia.

Uno de los casos es el de Andrés Mayorquín, asesor legislativo de la Presidencia, y su esposa Karen Vaquiro.

A él, ya le terminaron el contrato en Palacio de Nariño, mientras que se está investigando cómo su pareja fue contratado para prestar servicios en los que no tenía experiencia.

Las contrataciones, 24, superan los $1200 millones de pesos, y se dieron, desde que su esposo fue nombrado en el cargo.

María Paula Correa, que a quien Mayorquin asesoraba, dijo que la asaltaron en su «buena fe». Le piden la renuncia también.

Estos son los documentos y datos revelados de ese caso:

Otros contratistas…

La otra pareja, es la de Germán Quintero (secretario jurídico de Presidencia) y Claudia Montealegre (contratista).

Montealegre ha logrado desde abril de 2020, 16 contratos con el Estado, la mayoría desde que su compañero sentimental está en el cargo.

Ahora bien, Montealgre no ha ocultado que el asesor de Presidencia es su esposo, y ella, si es abogada y la mayoría de contratos han estado relacionados con su experiencia laboral, además, ya antes había trabajado con el Estado.

Sin embargo, les cuestionan que estando su esposo en el cargo en menos de dos años, ella haya conseguido más de 10 contratos.

Deberá la Presidencia de la República responder si esos contratos se cumplieron.

Mientras, Fiscalía y Contraloría ya anunciaron investigaciones contra la pareja Vaquiro-Mayorquin.

  • Artículo 8 de la ley 80 de 1993: “Tampoco podrán participar en licitaciones o concursos ni celebrar contratos estatales con la entidad respectiva: El cónyuge compañero o compañera (…) permanente del servidor público en los niveles directivo, asesor, ejecutivo, o de un miembro de la junta o consejo directivo, o de quien ejerza funciones de control interno o de control fiscal. (…)”.

Según revelan los documentos, Andrés Mayorquin trabajó en el DAPRE como asesor cuando firmó dos contratos de su esposa.

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