La nueva resolución exige exámenes post-incapacidad, limita pruebas discriminatorias y aplica multas millonarias a empleadores.
Noticias Colombia.
El Ministerio del Trabajo acaba de expedir la Resolución 1843 del 29 de abril de 2025, un documento que redefine las reglas del juego en cuanto a incapacidades laborales y exámenes médicos ocupacionales en Colombia.
Las nuevas disposiciones buscan mejorar la prevención de enfermedades laborales, garantizar el diagnóstico temprano de condiciones de salud y fortalecer la corresponsabilidad entre empleadores y el sistema de salud.
Uno de los puntos más relevantes es la exigencia a las empresas de implementar las recomendaciones médicas hechas a sus trabajadores en un plazo máximo de 20 días calendario.
Además, deberán asumir los costos de desplazamiento, alimentación y estadía cuando un trabajador deba practicarse una evaluación médica ocupacional fuera de su lugar de residencia o trabajo.
Otro cambio clave es la creación de un protocolo obligatorio para evaluar la condición del trabajador tras una incapacidad médica de 30 días o más, o después de una ausencia no médica de al menos 90 días.
El «empresario» que cobraba incapacidades laborales carísimas en Cali, y no las pagaba a los trabajadores Esto incluye exámenes post-incapacidad y de reincorporación laboral que deben ser realizados por médicos especialistas en salud ocupacional o medicina del trabajo.
En cuanto a la prevención, la resolución establece que todas las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) están obligadas a entregar un informe gratuito de condiciones de salud de los trabajadores, cada diciembre, sin importar el número de empleados.
Además, se limita la práctica de pruebas médicas discriminatorias: queda prohibida la exigencia de pruebas de embarazo, VIH o serología como requisito para ingresar o mantenerse en un empleo, salvo en casos excepcionales y técnicamente justificados.
El incumplimiento de estas normas no será menor. Las sanciones para las empresas pueden llegar hasta los 122 millones de pesos, una cifra que refuerza el llamado a tomar en serio la salud laboral y el cumplimiento de la normatividad.
Con esta resolución, el Gobierno Nacional busca cerrar vacíos legales y operativos que durante años han afectado tanto a trabajadores como a empleadores.
No obstante, su implementación plantea interrogantes: ¿serán capaces las pequeñas y medianas empresas de adaptarse a estas exigencias? ¿Las EPS y ARL están preparadas para cumplir con estos nuevos deberes?
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