Familia exige justicia tras irregularidades en la infraestructura del colegio; Fiscalía y colegio están en la mira.
Noticias Colombia.
Tras el hallazgo sin vida de Valeria Afanador, desaparecida el 12 de agosto y encontrada 18 días después en Cajicá, la familia levantó fuertes acusaciones contra el colegio Gimnasio Campestre Los Laureles.
El abogado Julián Quintana aseguró en entrevista con Blu Radio que lo ocurrido constituye un “homicidio por omisión”, pues la institución no garantizó la seguridad ni la supervisión de la niña, quien tenía síndrome de Down.
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Para sustentar su denuncia, recordó que los videos muestran a Valeria en la cancha de fútbol a las 9:50 de la mañana, en un horario en el que debía estar en clase, sin que hubiera un adulto responsable vigilándola, según recogió El Tiempo.
¿Una escena alterada?
El punto más grave de la denuncia se refiere a lo que Quintana llamó la manipulación de la escena.
Según explicó, la malla perimetral del colegio presentaba huecos notorios por donde una persona podría entrar o salir, y esos daños fueron reparados después de la desaparición.
“Debajo de esa malla metálica había huecos protuberantes que ya fueron tapados con cemento, barro y piedra”, declaró el abogado, citado por Noticias RCN. Esta situación, afirmó, impide una reconstrucción fiel de los hechos y compromete pruebas esenciales para la investigación.
El colegio, por su parte, negó que hubiera manipulación deliberada. En un comunicado difundido por El Espectador, la institución señaló que la zona estuvo bajo custodia de las autoridades, y que las alteraciones se produjeron por el tránsito de equipos de rescate como bomberos, CTI y Defensa Civil durante los operativos de búsqueda.
Además, aclararon que las adecuaciones posteriores tenían como fin reforzar la seguridad del plantel, no entorpecer el proceso judicial.
Nuevas revelaciones y sospechas
A estas tensiones se sumó otra denuncia: la rectora del colegio habría mencionado ante investigadores privados la existencia de un “enemigo” del plantel, información que nunca se entregó a la Fiscalía, según reveló El Colombiano.
Para la defensa de la familia, esta omisión podría dar luces sobre un eventual móvil y refuerza la hipótesis de encubrimiento.
La familia Afanador solicitó formalmente a la Fiscalía que investigue a la rectora y a las directivas del colegio. También pidieron medidas cautelares, la revisión del material de cámaras de seguridad y un peritaje técnico en la zona, según informó Noticias Caracol.
Quintana insistió en que la responsabilidad del colegio está contemplada en el artículo 25 del Código Penal, que obliga a quienes tienen bajo su cuidado un bien jurídico —en este caso la vida de Valeria— a responder por los daños que se generen por omisión.
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