Fue imputada por fraude tras gastar buena parte del dinero.

Noticia Internacional.

Una suma inconcebible apareció una mañana en la cuenta bancaria de Verónica Alejandra Acosta, una joven de 24 años residente en Villa Mercedes, San Luis, Argentina.

Lo que debía ser un giro modesto de $8.000 pesos argentinos por concepto de cuota alimentaria, terminó siendo una transferencia de más de $500 millones. Nadie la llamó. Nadie la notificó. Solo estaba allí.

Aunque en un primer momento creyó que se trataba de un error menor —imaginó haber recibido tal vez $500.000—, con el paso de las horas y los movimientos en su billetera virtual, la cifra comenzó a parecer irreal.

Según el expediente judicial, la transferencia fue resultado de una equivocación administrativa cometida por un contador del gobierno provincial. Pero para cuando el sistema detectó la falla, parte del dinero ya se había utilizado. Vea: Detenido, cayó en coma y sin brazo ni pierna: el drama de un colombiano en EE. UU.

Acosta asegura que actuó en medio de la necesidad. Compró víveres, electrodomésticos, cerámicos para su vivienda y hasta un inodoro. También transfirió pequeñas sumas a familiares, algunas por $50.000, otras por $500.000. A una hermana en Formosa, por ejemplo, le envió ayuda económica. Negó versiones periodísticas que la acusaban de despilfarros, afirmando que nunca adquirió autos nuevos ni lujos innecesarios.

Según informó el Diario de la República y otros medios argentinos, la Justicia contabilizó un total de 66 movimientos financieros desde su cuenta. La joven insiste en que muchos fueron transferencias repetidas a los mismos beneficiarios. El monto total utilizado antes del bloqueo habría sido de unos $44 millones, de los más de $500 millones transferidos.

La causa se volvió penal cuando la Fiscalía imputó a Acosta y a cinco personas de su entorno familiar por los delitos de defraudación a la administración pública, retención indebida y fraude. Para evitar la detención, un juez ordenó una fianza de $30 millones por persona, con apenas tres días hábiles para pagarla. Una cifra que su abogado, Hernán Echeverría, calificó como “irreal y desproporcionada”.

“Nos congelaron la cuenta, nos allanaron sin aviso y nos están tratando como criminales. Somos gente humilde que no sabía de dónde venía ese dinero. Nadie nos avisó”, declaró Acosta. Su defensa asegura que no existió dolo ni intención de estafar al Estado. “No estamos ante una banda organizada, sino frente a una familia común atrapada en un error ajeno”, señaló el abogado.

Actualmente, el Tribunal de Imputaciones revisa el caso. Se espera una audiencia clave el próximo 3 de junio, en la que se definirá si estas seis personas enfrentan prisión preventiva o logran continuar el proceso en libertad.