Intervenciones improvisadas, retiro de elementos tras el colapso en la glorieta de la Solidaridad y una investigación que apunta a posible detrimento patrimonial en la Secretaría de Movilidad.
Noticias Cali.
Recorrer las calles de Cali hoy es encontrarse con una escena que desde hace meses viene generando inconformidad ciudadana: una proliferación masiva de taches viales instalados en distintos puntos de la ciudad.
Lo que fue presentado como una medida de seguridad terminó convirtiéndose, para muchos conductores y peatones, en un nuevo factor de riesgo y desorden, especialmente porque varios de estos elementos ya están deteriorados o mal ubicados.
El punto de quiebre de esta situación quedó expuesto en la glorieta de la Solidaridad, en el norte de Cali, donde la intervención provocó un trancón monumental, caos vial y una evidente falta de planificación.
La congestión fue tal que, tras el colapso, los taches terminaron siendo retirados, dejando al descubierto que la solución no había sido evaluada con el rigor técnico necesario. Siga leyendo: Gabinete de Alejandro Eder: salen Movilidad y Seguridad, las más criticadas, y llegan jefes con perfil militar
En medio de ese escenario ocurrió una coincidencia imposible de ignorar: la renuncia del secretario de Movilidad, Gustavo Orozco. Su salida, lejos de cerrar el debate, profundizó las dudas sobre la forma en que se tomaron las decisiones y el manejo de los recursos públicos destinados a estas intervenciones.
Explicaciones oficiales, más dudas y la lupa de los organismos de control
Tras la polémica, la administración municipal aseguró que las intervenciones se realizaron en articulación con un organismo nacional. La Secretaría de Movilidad explicó que la Agencia Nacional de Seguridad Vial adelanta trabajos en distintas ciudades del país, especialmente en puntos considerados de alta siniestralidad, donde en los últimos años se han registrado muertes y más de cien personas gravemente lesionadas.
Sin embargo, las explicaciones oficiales no lograron calmar el malestar ciudadano. Por el contrario, abrieron más preguntas que respuestas. Ante este panorama, la Personería de Cali solicitó formalmente una investigación, anunciando una revisión exhaustiva del proceso contractual y advirtiendo que, de encontrarse irregularidades administrativas, disciplinarias o fiscales, se iniciarán las acciones correspondientes para proteger los recursos públicos y el interés general.
Y esa investigación no puede quedarse en el papel. Debe ser seria, rigurosa y transparente. Porque la gestión que deja Gustavo Orozco está marcada por interrogantes sin resolver.
Para muchos ciudadanos, no es claro si la movilidad terminó convirtiéndose en un negocio, más que en una política pública pensada para mejorar la vida urbana.
Las dudas no se limitan a los taches. También abarcan las cámaras de fotomultas, la señalización improvisada, los huecos que funcionan como reductores de velocidad y una investigación ya existente sobre la compra de motocicletas para los agentes de tránsito que, según denuncias, habrían sido adquiridas por valores muy superiores a su precio real.
Cali no necesita medidas improvisadas ni soluciones que se desmontan cuando el caos estalla. Necesita planeación, rendición de cuentas y respeto por el dinero público.
Hoy, más que taches mal puestos, lo que la ciudad exige son respuestas claras y responsabilidades bien definidas.
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