El banco deberá responder por el fraude que permitió el retiro de más de $1.300 millones en cuentas oficiales del municipio.
Noticias Nariño.
El municipio de El Tambo, en Nariño, obtuvo un fallo a su favor en uno de los casos de fraude electrónico más relevantes recientes en Colombia. La Superintendencia Financiera ordenó al Banco Agrario reintegrar $1.310’904.772, recursos públicos que fueron sustraídos tras un hackeo a cuentas oficiales en abril de 2024.
La decisión llega después de un proceso que se extendió por más de dos años, tiempo en el que el caso generó controversia y cuestionamientos a nivel local. Sin embargo, el fallo concluyó que la responsabilidad del fraude no recae en el municipio, sino en la entidad bancaria.
Según el análisis del organismo de control, el sistema del banco detectó desde la primera operación irregular múltiples transacciones sospechosas y generó más de 30 alertas internas. A pesar de estas señales, no se adoptaron medidas oportunas para frenar el movimiento del dinero.
El informe también evidenció que no se bloquearon las cuentas comprometidas ni se verificó adecuadamente la identidad del titular, lo que permitió la salida de los recursos sin controles efectivos. Esta omisión fue determinante para establecer la responsabilidad del banco.
Más de 30 alertas ignoradas y $1.310 millones comprometidos
El fallo también tiene un impacto significativo en el ámbito local. Durante más de dos años, el alcalde Héctor Fajardo y la tesorera Yazmín Zamora fueron objeto de señalamientos por parte de algunos sectores de la comunidad, que los acusaban de presunta negligencia en el manejo de los recursos.
Con esta decisión, ambos funcionarios quedan exonerados de cualquier responsabilidad, luego de que se comprobara que el fraude obedeció a fallas en los controles del sistema financiero y no a actuaciones indebidas desde la administración municipal.
“Hoy se hace justicia. Nunca fuimos negligentes ni ladrones”, expresó el alcalde, quien calificó el fallo como una victoria para el municipio.
El proceso también dejó en evidencia la disputa jurídica entre las partes. Mientras la entidad bancaria defendía su posición atribuyendo la responsabilidad al municipio, la defensa de El Tambo sostuvo que se trataba de un caso de falla en la debida diligencia del banco frente a un fraude detectado a tiempo.
Más allá del caso puntual, la decisión envía un mensaje contundente: las entidades financieras tienen la obligación de actuar de manera inmediata ante alertas de fraude, especialmente cuando están en riesgo recursos públicos.
Finalmente, el caso de El Tambo se consolida como un precedente en Colombia, al establecer que la responsabilidad en fraudes electrónicos no puede trasladarse automáticamente a los usuarios, en especial cuando existen evidencias de fallas en los protocolos de seguridad de las entidades bancarias.
