La medida tendrá una vigencia de 30 días y permitirá adoptar decisiones extraordinarias sobre recursos, vivienda, salud, infraestructura y reconstrucción.
Noticias Colombia.
El Gobierno Nacional declaró la emergencia económica tras el terremoto del 10 de agosto, que dejó daños en distintas regiones del país. La medida tendrá una vigencia de 30 días calendario.
El presidente Abelardo De La Espriella firmó el Decreto 1261 de 2026 junto con su gabinete ministerial. La decisión busca acelerar la atención de las comunidades afectadas y la recuperación de las zonas golpeadas.
El sismo ocurrió a las 7:34 de la mañana y tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó. El movimiento provocó daños en viviendas, vías, colegios, centros de salud y servicios esenciales.
La declaratoria también podrá cobijar municipios donde "posteriormente pueda demostrarse una afectación concreta derivada del fenómeno". Así, el alcance de las medidas podría ampliarse si aparecen nuevos daños relacionados con el terremoto.
Emergencia económica abre la puerta a recursos extraordinarios
El decreto permite modificar temporalmente mecanismos presupuestales, tributarios, financieros y contractuales. También contempla la creación de fondos especiales y la reorientación de recursos que todavía no estén comprometidos.
El Gobierno justificó la decisión por "la magnitud, simultaneidad, dispersión territorial y complejidad de los daños". Según el decreto, los mecanismos ordinarios "resultan insuficientes" para enfrentar la emergencia.
Las nuevas facultades permitirán movilizar recursos hacia la atención humanitaria, la recuperación y la reconstrucción. El documento aclara que las medidas serán "proporcionales, temporales y necesarias".
Vivienda, salud y educación quedan entre las prioridades
La emergencia económica también contempla apoyos para las familias que perdieron sus viviendas. El Gobierno podrá flexibilizar subsidios, facilitar reasentamientos y habilitar alojamientos transitorios.
Además, se podrán adoptar medidas frente a posibles aumentos o distorsiones en los mercados de arrendamientos y materiales. Las decisiones deberán respetar la autonomía de las entidades territoriales.
En salud, el decreto busca ampliar la capacidad de atención y garantizar la continuidad de los servicios. Educación también tendrá medidas especiales para colegios afectados y comunidades estudiantiles.
El Gobierno podrá contratar acompañamiento pedagógico y psicosocial, además de adquirir tecnología y mobiliario. También podrá garantizar la alimentación escolar cuando los establecimientos "hayan sido destruidos o hayan quedado inhabilitados".
La respuesta incluye además infraestructura y conectividad. Las autoridades podrán intervenir obras territoriales cuando las entidades responsables no tengan capacidad suficiente.
El decreto contempla créditos con períodos de gracia, garantías y subsidios para facilitar la recuperación económica. También permitirá utilizar recursos de regalías y del FAE bajo determinadas condiciones.
La emergencia abre, además, la posibilidad de destinar bienes administrados por FRISCO a albergues, centros de acopio y obras. Estos recursos también podrán apoyar el reasentamiento de familias vulnerables.
Con estas herramientas, el Gobierno busca acelerar la respuesta en las zonas afectadas por el terremoto. La declaratoria tendrá una vigencia de 30 días, periodo en el que podrán expedirse las medidas extraordinarias previstas.
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