La iniciativa del Gobierno endurece las reglas del transporte y amenaza una fuente de ingresos clave para miles de colombianos.
Noticias Colombia.
En Colombia, las plataformas digitales de transporte vuelven a estar en el centro de una fuerte controversia. Uber, Didi, Cabify, inDrive, Yango, Picap y otras aplicaciones alertaron que el Proyecto de Ley 347 de 2026, radicado por el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte, podría significar en la práctica su prohibición total en el país. Aunque el Gobierno no ha usado esa palabra, varios sectores consideran que el articulado cierra la puerta a cualquier forma de operación legal para este tipo de servicios.
La iniciativa busca redefinir qué se entiende por transporte público y quiénes pueden prestarlo. En ese proceso, las plataformas digitales quedan por fuera del modelo permitido, lo que ha generado alarma entre empresas, conductores y usuarios que dependen de estas aplicaciones como fuente de ingreso o alternativa de movilidad.
¿En qué consiste el Proyecto de Ley 347 de 2026?
El proyecto plantea un endurecimiento del marco normativo del transporte en Colombia. En términos generales, establece que solo podrán prestar servicio de transporte las empresas y vehículos habilitados dentro del sistema tradicional, como taxis o transporte especial autorizado.
Uno de los puntos más polémicos es que el uso de vehículos particulares intermediados por aplicaciones digitales sería catalogado explícitamente como una actividad ilegal. Esto implica que no se trata de un vacío normativo, como ha ocurrido durante años, sino de una prohibición directa incorporada a la ley.
Además, el proyecto amplía las facultades de control y sanción de las autoridades de tránsito, la Policía y la Superintendencia de Transporte, permitiendo operativos más agresivos contra quienes participen en este tipo de servicios.
Multas, sanciones y responsabilidades ampliadas
El texto contempla multas económicas elevadas, que podrían superar varios millones de pesos por cada servicio realizado a través de plataformas no autorizadas. Las sanciones no solo recaerían sobre los conductores, sino también sobre propietarios de vehículos y, en algunos casos, terceros que faciliten la operación.
Otro punto crítico es la posibilidad de inmovilización prolongada de vehículos, lo que afectaría directamente a miles de personas que usan estas plataformas como su principal sustento económico.
Para las empresas tecnológicas, el proyecto no deja margen para una adaptación gradual ni para una regulación específica: o se encajan en el modelo tradicional, o desaparecen del sistema.
La reacción de las plataformas y el sector digital
Gremios como Alianza In y las propias plataformas han advertido que el proyecto criminaliza la innovación tecnológica y desconoce la realidad de la movilidad urbana en Colombia. Señalan que millones de usuarios utilizan estas aplicaciones por razones de seguridad, costo y disponibilidad, especialmente en ciudades donde el transporte público es insuficiente.
También alertan sobre el impacto social: cientos de miles de conductores quedarían sin ingresos de un día para otro, sin que el proyecto proponga alternativas claras de transición o formalización.
¿Prohibición directa o regulación encubierta?
Aunque el Gobierno insiste en que el proyecto busca “ordenar” el sector, la redacción ha sido interpretada como una prohibición de facto. A diferencia de intentos anteriores, esta iniciativa no abre un espacio para crear una categoría especial para plataformas digitales, sino que refuerza el modelo tradicional del transporte.
Expertos en movilidad y economía digital advierten que, de aprobarse sin cambios, Colombia iría en contravía de las tendencias internacionales, donde estos servicios suelen regularse, no eliminarse.
¿Qué sigue ahora?
El Proyecto de Ley 347 de 2026 deberá surtir su trámite en el Congreso, donde enfrentará un debate intenso. Las plataformas ya anunciaron que buscarán incidir en la discusión legislativa y, de ser necesario, acudir a instancias judiciales.
