Se encontró que más del 70 % de las cámaras de videovigilancia instaladas en la cárcel de Tuluá, no funcionan: así denuncian en la Procuraduría
Noticias Valle.
La Procuraduría General de la Nación ha denunciado una serie de graves fallas en materia de seguridad que ponen en riesgo tanto a los internos como al personal penitenciario de Tuluá (Valle del Cauca).
Según la Comisión Especial de la Procuraduría, más del 70% de las cámaras de videovigilancia instaladas en la cárcel de Tuluá no funcionan.
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Esta situación es especialmente alarmante dado que, a pesar de reiteradas solicitudes a la Unidad de Servicios Penitenciarios (USPEC) para que sean reparadas, no se ha logrado una solución efectiva. La falta de vigilancia adecuada dentro de la prisión no solo dificulta la prevención de incidentes violentos, sino que también impide la identificación y el castigo de aquellos que infringen las normas internas.
El procurador Delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, durante su visita a la cárcel de Tuluá, pudo constatar otra preocupante realidad: el muro que colinda con el barrio La Inmaculada no cuenta con la altura suficiente para evitar el ingreso de armas, drogas, celulares y otros elementos prohibidos.
Esta deficiencia en la infraestructura facilita la actividad criminal al interior del penal, alimentando un entorno peligroso que pone en riesgo la seguridad de todos los involucrados.
El informe de la Comisión Especial también destaca una situación que evidencia la negligencia persistente en materia de seguridad: año y medio después de la grave conflagración que cobró la vida de más de 54 personas privadas de la libertad en este penal, el sistema contra incendios aún no ha sido reparado ni puesto en funcionamiento.
Esta omisión es especialmente preocupante dado que pone en riesgo la vida de las más de 900 personas recluidas en la cárcel de Tuluá, así como del personal que labora en el lugar.
Estas revelaciones ponen de manifiesto una serie de deficiencias sistémicas que afectan gravemente la seguridad en el sistema carcelario. La falta de mantenimiento adecuado de las infraestructuras, la insuficiente vigilancia y la ausencia de medidas preventivas efectivas son solo algunos de los problemas identificados.
Esta situación no solo compromete los derechos y la seguridad de los internos, sino que también impacta negativamente en la comunidad circundante, que se ve expuesta a los riesgos derivados de la falta de control dentro del penal.
