Exgobernadora Pinto se cansó de huir de la justicia y se entregó, llevaba un año prófuga
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La exgobernadora de La Guajira decidió presentarse de forma voluntaria ante una comisión conformada por funcionarios de la Policía y la Defensoría del Pueblo. La investigan por supuestos actos de corrupción.

Tras ser investigada por posibles irregularidades en contratos de obras, la exgobernadora de La Guajira Oneida Pinto Pérez decidió entregarse a las autoridades.

La exgobernadora decidió presentarse de forma voluntaria ante una comisión conformada por funcionarios de la Policía y la Defensoría del Pueblo.

Autoridades judiciales indicaron que Pinto Pérez fue asegurada por las posibles irregularidades en contratos de obras para los años 2010-2011 en Albania, La Guajira.


“Habría creado la fundación Princesa Negra, para que se encargara de realizar la auditoría al contrato de adoquinamiento de vías en ese municipio”, expresaron.

Indicaron que este contrato estaría por valores que ascienden a más de $ 12.000.000.000.

Sin embargo, investigadores establecieron que existió un posible detrimento a ese municipio por $5.981’965.192.

Le imputaron delitos

El ente acusador le imputó cargos en 2019 por concierto para delinquir, peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad en documento público.

Indicaron que a través de las indagaciones se evidenció que la selección del contratista era amañada.

“Lo que buscaban era apalancar la campaña electoral de Pinto a la Alcaldía de Albania”, expresaron.

Otras investigaciones

La exgobernadora también se encuentra vinculada al caso de mortalidad infantil, que se encuentra en etapa preparatoria ante el Juzgado 25 de Conocimiento de Bogotá.

Los hechos tienen relación con la celebración de un convenio entre la Alcaldía y el hospital San Rafael de Albania con miras a reducir los índices de mortalidad en niños

“El valor del convenio ascendió a más de $ 18.900’000.000, en el cual la Fiscalía evidenció una pérdida de recursos por el orden de los $ 6.900’000.000”, indicaron.

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Expresaron que las anomalías radican en el supuesto manejo irregular de la ejecución contractual.

Así mismo determinaron que habría falsedad en los documentos contractuales y trasfondo político dado que solo trabajaban quienes manifestaran su apoyo político a la exgobernadora.

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