El fiscal, contralor y procurador ofrecieron la rueda de prensa desde Bogotá.
Noticias Colombia.

Organismos de control y fiscalización en el país encontraron que gobernadores, alcaldes y otros funcionarios, estarían “pagando favores de campaña” con recursos de la emergencia.

El bloque ‘Transparencia por la Emergencia’ entre la Fiscalía, Contraloría y Procuraduría, entregó un nuevo balance de las investigaciones al gasto de los recursos en medio de la pandemia por coronavirus en Colombia y que ya ha permitido detectar irregularidades, en últimas horas con relación a campañas electorales.

Aunque ciudadanos denuncian todos los días en redes sociales, para estas entidades son necesarias las pruebas.

“Por ahora insisto, todo es presunto para evitarnos líos legales”, advirtieron los funcionarios.

“Algunos gobernantes no lo hacen bien”, dijo el contralor general, Carlos Felipe Córdoba.

Esperamos que no tengan el síndrome de pesar, “cójanlos cójanlos, y después no nos digan, suéltenlos que probrecitos”, advirtió el contralor, al señalar que las decisiones “se toman con las evidencias encontradas”.

de 77 aportantes, “solo a 8 contratistas, se le adjudicaron más de 49 contratos, por casi 49 mil millones de pesos”.

El fiscal, Francisco Barbosa aseguró que “sin excepción nosotros vamos a actuar en esta lucha contra la corrupción”.

Fiscalía y sus resultados

La Fiscalía general de la Nación encontró irregularidades en las últimas dos semanas.

“Hemos abiertos 177 indagaciones por hechos de corrupción en los 32 departamentos del país”, detectadas por el trabajo del CTI y la inteligencia artificial.

Entre los delitos encontrados: interés indebido en la celebración de contratos, celebración de contratos sin los tramites legales y diversos tipos de peculado

Imputarán cargos y solicitarán algunas medidas de aseguramiento:

  • Alcalde de Necoclí y el de Barbosa; Antioquia, el de San José de Miranda (Santander) y el del Charco, Nariño.
  • Al gobernador suspendido del Chocó, Ariel Palacios Calderón, le imputarán cargos.

Al mandatario incluso, se le señala de lavado de activos. Además de las “indebidas contrataciones”.

Otras 17 personas se podrían pedir medidas de aseguramiento estos son entre funcionarios y contratistas.

Algunos de esos funcionarios son de la Gobernación del Valle, Ejército Nacional en Medellín y Secretaría de Salud en Barbosa.

Advirtió que además, se ha detectado asignación de contratos a aportantes de candidatos a cargos de elección popular que resultaron elegidos.

Es decir, como si estuvieran cobrando ese apoyo en las candidaturas, y los hoy mandatarios, pagando el favor.

“Hemos podido detectar a 44 contratos, de aportantes contratistas a gobernaciones, 37 alcaldías y un aportante a edil”, advirtió Barbosa.

Procuraduría y sus resultados

Fernando Carrillo, jefe del Ministerio Público, dijo que ha sido importante la participación ciudadana en las denuncias y dar datos, pruebas e información.

Algunos funcionarios se aprovecharon de que se permitió la contratación directa y la urgencia manifiesta.

También hay relación con malos manejos y las candidaturas del 2019. 

“Siempre he dicho que el poso séptico es el financiamiento de las campañas políticas en Colombia”, han intentado muchos “de recuperar lo invertido con la plata del Covid-19”, advirtió Carrillo.

Hay detectados 117 financiadores de campañas por un monto de $47 mil millones, y aportaron menos del 20% de esos recursos, y se están ganando retribuciones “que muchas veces supera 10, 15 y hasta 20 veces lo que aportaron a esas campañas”.

A 77 aportantes “solo a 8 contratistas, se le adjudicaron más de 49 contratos, por casi 49 mil millones de pesos”.

Hay “una cartelización de la contratación como pago de las campañas”, es la conclusión de las entidades.

Hay “de todos los delitos posibles”, detrás de todo esto, advirtió Carrillo. Incluso, “inasistencia de población beneficiaria, o que un contrato tenía que ejecutarse en tres días”.

Sin embargo, este miércoles no se dieron datos específicos de las gobernaciones y alcaldías implicadas en ese presunto ‘Cartel de campañas’, “es información por ahora, reservada por la investigación en curso”.

Las medidas

Hay una primera sanción en un proceso verbal, en la ciudad de Armenia, se pagó un contrato violando toda las reglas de contratación estatal. El Director de bienes de la ciudad de Armenia de bienes, suspendido por cuatro meses.

Hay 2372 casos priorizados, 823 son procesos disciplinarios: 82 están priorizados en 27 gobernaciones. 66 indagación, 3 juicios disciplinarios a tres gobernadores (Arauca, Quindío, Vichada).

396 alcaldías, 30 investigaciones y 10 juicios disciplinarios. Y hay 1563 casos preventivos.

Hay 11 autoridades locales suspendidas: Armenia, Calarcá, Malambo Cereté, Tierralta, Copacabana, Puerto Tejada, entre otros municipios.

En la Región Caribe hay 136 procesos, otros 57 municipios en el Pacífico bajo investigación, en la Amazonía con 11 municipios con irregularidades.

Al gobernador de Arauca se le imputarán cargos.

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Para audiencia disciplinaria el alcalde del Molino (La Guajira) por presuntos sobrecostos de un contrato de 100 millones de pesos, en Anapoíma por irregularidades contractuales para publicidad, también hay decisiones.

En Copacabana, investigación y suspensión a los alcaldes y al personero y la investigación a la secretaría del despacho. Por traslado de migrantes hacía la frontera.

Tres investigaciones nuevas para la alcadesa de Luruaco por una celebración, para el secretario de gobierno en el municipio de Galapa, visto en un restaurante almorzando y en Sabanalarga de un concejal por incumplir las medidas preventivas.

Unos sí ¿por tráfico de influencias? y otros no, encontró un restaurante y hasta a un funcionario de la Alcaldía almorzando, en #Galapa. #TuDenuncia

Posted by TuBarco Noticias Caribe on Friday, June 12, 2020

El alcalde de Lerida, Tolima también bajo investigación por presuntamente no haber tomado medidas para prevenir el contagio.

En el caso del Valle del Cauca, a la Secretaria departamental de Desarrollo Social y Participación de la Gobernación, y al representante legal de la Corporación para el Desarrollo de Valle del Cauca (Corpovalle), la Fiscalía presentará imputación de cargos.

El contrato en la mira, N° 3313 del 30 de marzo de 2020, por valor de $2.330´517.483, para entregar a domicilio kits alimenticios a población vulnerable de la tercera edad en los 42 municipios de Valle del Cauca.

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Hay otros 117 contratos bajo supervisión por más de 12.500 millones de pesos. 

Estas investigaciones se están apoyando en informes de Transparencia Internacional.

La contraloría encontró “pago de favores”

En el caso de la “cartelización de las campañas”, en el Vichada, un aportante dio 40 millones y tiene contrato por mil millones; en Boyacá dieron 102 millones y ganaron contratos de transportes, por 70 millones de pesos y tienen otros.

Para la Gobernación de Caquetá dieron 157 millones y tienen contrato por 1600 millones.

En Amazonas, el aportante (un grupo empresarial) aportó 20 y ganó 316 millones en contratación durante esta cuarentena.

Para Antioquia detectaron que dieron 29 millones para la Alcaldía de Argelia y “se ganaron un contrato por 120 millones”, en Barbosa; 10 millones y ganó 24 millones por catering.

En Carmen del Viboral, también detectados casos en Atlántico, Villa de Leyba, en Caquetá, en Cauca, Timbiquí, en Cesar, Córdoba, Guaviare, Huila, Meta (Cabuyaro), Nariño (cinco municipios), Risaralda, Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca (Buga, Tuluá) y también varias JAL (Juntas Administradoras Locales).

Se han revisado 3000 contratos suscritos. El 62% han tenido por objeto compra de alimentos, insumos médicos y elementos bioseguridad. Lo demás, prestación de servicios para logística y otras.

Van 340 alertas por presuntos sobrecostos en compra en su mayoría, de mercados. Hay 25 gobernaciones en la mira por estos hechos.

Y desde que inició la investigación, hubo un aumento de más de 40% en las alertas. Y se han renegociado más de 100 contratos.

Además de las investigaciones en curso ya, hay nuevos procesos contra tres gobernaciones.

Tres procesos de responsabilidad fiscal al gobernador del Tolima, el del Guanía por presunto daño fiscal y al alcalde de Cartagena, por presuntos sobreprecios en contrato de suministros.

En el caso del gobernador suspendido de Antioquia, Anibal Gaviria, por un caso del 2007 con una obra, se le vincula a proceso, por presuntos sobrecostos en la actual emergencia.

Norte de Santander, Cesar, Cundinamarca, Vaupés, también con procesos fiscales.

Los buenos…

Son 1100 alcaldes y 32 gobernadores, hay 14 alcaldes con decisiones y gobernaciones, que han cometido fallas en el manejo de la administración de recursos y decisiones en medio de la cuarentena.

Sin embargo, “hay una gran mayoría de funcionarios que lo están haciendo bien”, resaltó el Fiscal de Colombia.

Así fue la rueda de prensa: 

 

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