La expropiación del parador fue irregular.

A.S. JUDICIAL.

La ex juez civil, Norella Acosta Tenorio, fue capturada en Buga, Valle, para que esta vez sí cumpla una sentencia condenatoria en su contra, por el lío de expropiación del parador turístico de Buga.

Fueron funcionarios del CTI de la Fiscalía, los que hicieron efectiva la captura.

Fue el Tribunal Superior de Buga el que libró la orden de ponerle los ganchos a Acosta.

Desde el 14 de noviembre del 2018 era buscada.

El Tribunal “la encontró responsable en calidad de autora, por haber tomado decisiones judiciales que afectaron el proceso de expropiación del complejo turístico Parador de Buga, que buscaba dar continuidad al proyecto de malla vial del Valle del Cauca, en el año 2007”, indica la Fiscalía.

La juez decretó la expropiación del bien en un valor superior al precio real o comercial.

Se considera detrimento patrimonial al Estado, por unos 40 mil millones de pesos.

Según el falló condenatorio, la exjuez sería parte de una estructura criminal.

Con ella, se defrauda al Estado y “lesiona la imagen de la justicia”.

Ante ello “su libertad constituye un riesgo futuro para la comunidad”.

Acosta fue enviada a la cárcel de Buga.

Allí seguirá su proceso judicial y penal.

 

 

 

En junio de 2016, cuando era juez activa, un juez de control de garantías de Bogotá la dejó en libertad.

Para entonces no se le consideraba un peligro.

El otro implicado en el caso es Carlos Andrés Grajales Gamba, hijo de los propietarios del inmueble, involucrado en el hecho.

Los avalúos del predio valían dos mil millones de pesos y terminó costando 17 mil millones de pesos.

Para entonces la Fiscalía la señaló de delitos de concusión, cohecho propio y prevaricato por acción.

A Grajales Gamba, le señalaba de delito de prevaricato por acción en calidad de coautor.

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