El Estado tendría que enfrentar una millonaria multa de no llegar a una conciliación con la firma Thomas Greg & Sons, compañía que todavía expide las libretas de pasaportes en Colombia.
Noticias Colombia.
La Procuraduría General de la Nación indicó a través de un comunicado a la opinión pública, que ordenó la apertura de una indagación disciplinaria contra funcionarios por determinar del Ministerio de Relaciones Exteriores, por el presunto irrespeto contra Martha Lucía Zamora, en su condición de directora de la Agencia Nacional de Defensa Judicial del Estado. Asimismo, validará si hubo algún tipo de recriminación contra Zamora, por su intervención en el proceso de licitación de pasaportes.
«La Sala Disciplinaria de Instrucción señaló que, según medios de información, la funcionaria habría sido agredida de manera verbal en las instalaciones de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, en la que habría sido increpada por supuestamente no defender los intereses del primer mandatario», sostuvo el Ministerio Público.
En cuanto al proceso de licitación de pasaportes, «la actuación disciplinaria que inició el ente de control busca determinar la ocurrencia de la conducta y definir si se actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad, para lo que decretó la práctica de pruebas».
En esa línea, en la tarde del lunes-11 de diciembre-, un grupo especial de la Procuraduría realizó una inspección en las instalaciones de la Cancillería por las posibles irregularidades en la licitación para la entrega del contrato para la expedición de pasaportes por al menos $600 millones; investigación en la que está inmerso Álvaro Leyva Durán, ministro de Relaciones Exteriores.
Millonaria multa a la que se enfrentaría el Estado
Cabe precisar que el Ministerio de Relaciones Exteriores declaró desierto el proceso de licitación publico, según explicaron, se trató de un suceso externo a la voluntad o al dominio del representante legal del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores; después que el pasado 14 de septiembre, el canciller Leyva tomara la decisión de declarar la urgencia manifiesta para adjudicar el contrato directamente por un año, ya que el 2 de octubre, se vencía el contrato con la compañía Thomas Greg, encargada de la expedición de pasaportes en Colombia.
Sin embargo, el 19 de septiembre, el Ministerio de Relaciones Exteriores notificó que se abría un nuevo proceso licitatorio. «Declarar el estado de urgencia manifiesta por el término de doce meses, en relación con la prestación del servicio público de ‘suministro, formalización, prestación y personalización, custodia y distribución de libretas de pasaportes, así como el servicio de impresión, almacenamiento y entrega de etiquetas de visa colombiana con zona de lectura mecánica’, de conformidad con las consideraciones del presente acto administrativo”, indicó la resolución.
Por ello, la Fiscalía General de la Nación también inició una investigación, para precisar si hubo irregularidades en la licitación inicial.
Por lo anterior, Thomas Greg & Sons, que todavía se encarga de expedir los pasaportes en Colombia, se declaró afectada por la decisión del Gobierno Nacional de no entregar el contrato en el proceso licitatorio que fue declarado desierto, debido a denuncias de un presunto favoritismo en los pliegos hacia su firma, compañía que resultó como única proponente.
Es así que la firma precisó que de no llegar a una conciliación, el Gobierno estaría enfrentándose a una demanda por la suma de $107.507.163.000 millones por la afectación económica, y una suma adicional de diez mil millones de pesos por daño reputacional.
