FOTO: Tomada de El Heraldo México / Manutravel

El documento no fue bien recibido por la comunidad LGTBIQ+ y señalan que «se abren las puertas a las terapias de conversión».

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El gobierno de Dina Boluarte, a través del Ministerio de Salud, el pasado 10 de mayo emitió un decreto que considera a las personas trans en el país «enfermas mentales» en el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS).

El documento no cayó nada bien en la población LGTBIQ+ de ese país, ya que señalan que se trata de un retroceso en los derechos y además contradice las disposiciones de organismos internacionales.

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Es de recordar que la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el año 2018, dejó de considerar a la transexualidad como un trastorno mental, sustituyendo la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) que quedó caduca en el 2022 y se actualizó por la nueva versión (CIE-11).

Gobierno de Perú se pronunció a la polémica

Por su parte, desde el gobierno de Perú han expresado que no se trata de un acto discriminatorio y que, por el contrario, es para garantizar a estas personas un mejor acceso al sistema de salud.

Activistas defensores de los derechos de las personas trans de esa nación aseguran que, con el decreto, están promoviendo la estigmatización de estas personas y además, abriendo las puertas para que las «terapias de conversión se hagan realidad en el país».

Pero uno de los documentos del Ministerio de Salud expresa: «La orientación sexual y la identidad de género de una persona no constituyen en sí mismas un trastorno de la salud física o mental y, por tanto, no deben ser sometidas a tratamiento o atención médica ni a las llamadas terapias de reconversión».

Decreto con ventajas y desventajas

Algunos especialistas de salud peruanos consultados por medios locales manifiestan que con lo decretado por el gobierno peruano, es beneficioso para la comunidad trans ya que, según, pueden recibir tratamiento hormonal gratuito y otros servicios. Sin embargo, lo que aparenta ser una medida positiva tiene un gran costo legal y social, por lo que da un argumento oficial para decir que las personas trans sufren un trastorno mental.

Este país sudamericano se quedó con la versión desactualizada (CIE-10) de la OMS, pero aseguran que implementarán progresivamente la versión (CIE-11) como lo han hecho otros países de la región.

Finalmente, la organización de derechos humanos Human Rights Watch calificó el decreto como «clasificaciones obsoletas» y además, como profundamente regresivo y que, a pesar de las críticas, el documento sigue en vigor. Asimismo, exigió derogar el documento.

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