La masacre de Samaniego: De la cárcel a resguardo indígena trasladaron a los dos condenados
La orden de la Corte consiste en trasladar a los dos únicos detenidos en participar en la masacre del 15 de agosto del año 2020, al resguardo indígena Awa en el Sande, Nariño. Fotos: Policía / redes sociales

Hay indignación entre las familias de los 8 jovenes asesinados en Samaniego, Nariño, tras decisión de la Corte Suprema. Los dos detenidos y condenados, aparecían en un censo indígena, y por eso, su comunidad pidió que los trasladaran a su territorio.

Noticias Nariño.

El fallo de la Corte Suprema de Justicia ha sido objeto de indignación y rechazo por parte de los familiares de los 8 jóvenes asesinados en la masacre en Samaniego, Nariño, ya que ordenó el traslado de dos únicos detenidos a un centro de armonización del resguardo indígena Awa en el Sande.

Ante dicha decisión, temen impunidad por la muerte de sus seres queridos.

«Nos enteramos cuando ya habían salido estas personas, y lo más seguro es que se fuguen», dijo a Blu Radio Gladys Betancourt, madre de uno de los ocho jóvenes asesinados a las afueras de Samaniego.

Los familiares exigen respuestas del paradero de estas personas, ya que, según ellos, la comunidad indígena se encuentra desplazada de la montaña desde el 9 de agosto del año en curso.

El fallo para el traslado

La orden de la Corte consiste en trasladar a los dos únicos detenidos en participar en la masacre del 15 de agosto del año 2020, «a un centro de armonización del resguardo indígena de la comunidad Awa en el Sande, en la zona rural de Samaniego.

Esto se debe a una tutela interpuesta por la defensa el pasado 27 de junio, que pide el reconocimiento de la identidad étnica de los dos comuneros, Fernando Andrés Caicedo Moriano y Yeiron Alexander Pantoja Rodríguez.

De acuerdo con las familias, los dos mencionados habían sido censados en 2016 y 2020 como integrantes del resguardo indígena del Sande.

Con base a esta prueba, el gobernador de la comunidad Awa del Sande argumentó que los dos comuneros debían ser juzgados de acuerdo a sus usos y costumbres, según explicó un padre de familia que pidió el anonimato.

Los detenidos se encontraban en la cárcel de San Isidro en Popayán, luego de que un juez dictara una medida de aseguramiento tras las pruebas que los vinculan, al parecer, con la muerte de los universitarios.

Los dos detenidos que fueron trasladados a un resguardo indígena. Foto: Cortesía de la Policía Nacional

Confesaron y fueron condenados por la masacre en Samaniego

También, vale aclarar que uno de los dos detenidos por la masacre en la que participaron más personas, confesó su participación y la de su compañero en el hecho que le arrebató la vida a ocho jovenes universitarios.

Su confesión fue revelada por la Fiscalía durante la audiencia de imputación de cargos en el año 2020, momento en el que fueron condenados a 29 años de prisión.

«No hay justicia, todo parece indicar que el crimen de mi hija quedará impune», dijo otra madre de familia, quien aseguró que los dos detenidos no pueden ser trasladados, ya que desde el 9 de agosto pasado esa comunidad se encuentra desplazada y están en un coliseo en la zona urbana de Samaniego.

Otro familiar consultado por Blu Radio, señaló que eran las únicas personas que podrían decir “la verdad”, pero al trasladarlos a la justicia indígena, “las respuestas se perderán y no se sabrá realmente quién ordenó esa masacre”.

El 24 de septiembre del 2022 después de dos años, capturaron al coautor la masacre, Jhoan Sebastián Acosta Rodríguez, conocido como “Cúcuta”, quien se declaró culpable y se acogió al preacuerdo.

Su condena fue de 11 años de cárcel, que sigue cumpliendo en centro penitenciario.

La matanza

Los trágicos hechos que conmocionaron al departamento de Nariño, donde la noche del 15 de agosto de 2020, en pleno confinamiento por el COVID-19, se reportó una de las más grandes masacres que sacudió al país entero.

El asesinato de ocho jóvenes en la vereda Santa Catalina del municipio de Samaniego.

Según la investigación revelada por la Fiscalía, cerca de las 9:30 p.m. de ese sábado, cuatro hombres encapuchados llegaron a una finca ubicada en Santa Catalina.

En dicho ese lugar se encontraban al menos 50 jóvenes disfrutando de una celebración.

Los asesinos comenzaron a disparar en contra de los asistentes, muchos de ellos  trabajadores, deportistas, universitarios.

Los criminales del grupo armado llevaban chalecos negros, fusiles de asalto y pistolas automáticas. Encerraron a la mayoría de las mujeres y obligaron a los hombres a tenderse en el suelo boca abajo, disparándoles a quema ropa.

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