Este es uno de los hechos de violencia más dolorosos en la historia reciente de Nariño.

NARIÑO/JUDICIAL

 

La Fiscalía General de la Nación imputó los cargos de homicidio agravado y tentativa de homicidio contra dos oficiales de la Policía y el Ejército por la masacre de siete campesinos en la vereda El Tandil, zona rural de Tumaco.

La diligencia se cumplió en el Juzgado Primero Penal con funciones de control de garantías de Pasto.

Allí el ente acusador imputó por los mencionados delitos al comandante del Núcleo Delta de la Policía, capitán Javier Soto García y al comandante del Pelotón Dinamarca I del Ejército, mayor Luis Fernando González.

Para el ente acusador, los altos oficiales tienen responsabilidad en estos hechos al no tomar las medidas pertinentes con sus subalternos.

TRISTE SUCESO

La masacre campesina de El Tandil es uno de los hechos de violencia más dolorosos en la historia reciente de Nariño.

Lo que inicialmente trascendió como la muerte de supuestos integrantes de grupos al margen de la ley al servicio del narcotráfico, terminó como uno de los capítulos más vergonzosos de la fuerza pública.

Ocurrió el 5 de octubre de 2017 en El Tandil, una vereda situada a menos de dos horas de Tumaco.

Allí un grupo de uniformados, que acompañaba a un grupo de erradicación de cultivos de coca; abrió fuego contra un grupo de campesinos.

En su momento, el Gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos ordenó el retiro de la zona de cientos de policías y soldados.

Posteriormente el Ministerio Público vinculó a un proceso disciplinario a 40 policías; de la Compañía Antinarcóticos de Seguridad para la Erradicación Manual de Tumaco.

También investigó la actuación de 14 integrantes del pelotón Dinamarca de la Quinta División de la Brigada Móvil 35 del Ejército Nacional.

JUSTICIA INCOMPLETA

Familias de las víctimas indicaron que el arranque del proceso judicial contra los oficiales es una señal tardía y no garante, necesariamente; de justicia plena frente a lo ocurrido.

“Ellos son mandos medios, aquí deben caer los generales que ordenaron ese vil ataque a personas desarmadas. No puede ser que en este país siga habiendo injusticias contra los más pobres”; manifestó Cristina Quiñones, pariente de una de las víctimas.

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