Comunidad del corregimiento Pichindé y Los Andes se pronunciaron, luego de la confrontación con el Ejército
Reconocen que en este corregimiento de Pichindé hay personas que ciertamente practican la minería, "pero es una cantidad mínima", y no toda la población se dedica a ello.

Afirman que hay personas que se dedican a la minería en la zona, pero es una «cantidad mínima». Denunciaron que autoridades y entes de control, no acudieron a la reunión prevista. En el corregimiento Pichindé y Los Andes, denuncian olvida y desatención estatal.

Noticias Cali.

Hace unos días en los Farallones de Cali, hubo una tensa situación con la comunidad de Pichindé, en un operativo contra la minería ilegal, dejando a una persona fallecida, cuatro heridos y varios militares retenidos, hoy la comunidad se pronunció para aclarar, «aquí no hacemos minería ilegal son unas pocas personas y las autoridades» arremetieron contra todos, aseguran.

El Comando de la Tercera Brigada, unidad militar orgánica de la Tercera División del Ejército Nacional, confirmó que los hechos se registraron en horas de la noche del miércoles 21 de junio, en la vereda Peñas Blancas.

Por lo tanto, en un pronunciamiento manifestaron que se adelantaba una misión para «contrarrestar el flagelo de la explotación ilícita de yacimientos mineros».

Y aseguraron que han tenido varios episodios en los que cuando llegan a hacer operativos, «salen a agredir al personal».

Comunicado del corregimiento de Pichindé y Los Andes

Ante la confusa situación presentada, la comunidad de los corregimientos Pichindé y Los Andes, también se pronunciaron a través de un comunicado.

Señalan que en esa zona habitan campesinos y familias que trabajan en pro de su territorio. Además, añaden que son «descendientes hereditarios de mas de cien años, por lo que nos constituyen como dueños legítimos y legales de nuestra tierra».

Sin embargo, aseguran que han sido víctimas del conflicto armado y asimismo, «al abuso de grupos al margen de la ley y de la misma fuerza pública».

En el comunicado, reconocen que en este corregimiento hay personas que ciertamente practican la minería, «pero es una cantidad mínima», y no toda la población se dedica a ello.

Es más, manifiestan que todo lo que pasa en esa comunidad, es debido a la falta de oportunidades y abandono estatal.

También añaden que en la confrontación que hubo con el ejército, se presentó con personas «ajenas al territorio» y en ningún momento la comunidad de la zona estuvo involucrada en dicha confrontación.

Denuncian

Debido al conflicto por las minas, esto a llevado a la afectación de la tranquilidad de las familias de los corregimientos.

Por lo tanto, manifiestan que se han llevado a cabo «constantes retenes de Parques Nacionales, el Ejército Nacional, la Policía y Carabineros».

Además, denuncian que en esos controles que se realizan, han observado a supuestos funcionarios de Parques Nacionales «encapuchados», los cuales han ido ejerciendo las funciones de la fuerza pública.

La comunidad exige atención estatal y del gobierno del Distrito en Cali.

«Nos quitan el mercado de las familias, así como los materiales para mejorar nuestras viviendas y también los insumos para la producción del campo», aseguran.

Presencia de instituciones públicas

Luego de los hechos ocurridos y la confrontación que se presentó con el Ejército Nacional, el día 22 de junio, a esa comunidad llegaron instituciones públicas entre ellas la Alcaldía de Cali y medios de comunicación, «emitieron una información alterada de los hechos», dicen.

Ese mismo día se realizó una reunión con esas instituciones, llegando a un acuerdo de reunirse nuevamente el día 29 de junio para aclarar y buscar soluciones al conflicto.

Por lo tanto, llegó el día, la comunidad asistió al encuentro como se había acordado, pero «las instituciones no llegaron al sitio».

Debido a la ausencia de las instituciones públicas, piden «se aclaren y limpien el buen nombre de nuestro corregimiento Pichindé y Andes y nuestras comunidades».

Sin embargo, solicitan tanto a los entes de control, como a la misma Presidencia de la República una intervención para llegar a una solución al conflicto.

Finalmente, añaden que harán responsables a las instituciones encargadas de garantizar los derechos de las personas, de «cualquier situación que se llegue a presentar de aquí en adelante dentro de nuestro territorio».

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