Los gobiernos departamentales y municipales invierten una proporción significativa de los escasos recursos públicos en combatir el crimen y los resultados no se comparan con los esfuerzos. Datos recientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) muestran que en América Latina se hace una de las mayores inversiones en la lucha contra el crimen, pero el fenómeno va en alza. Lo que se gasta la región en combatir el crimen es más que lo que se invierte en infraestructura o políticas sociales.

El crimen distorsiona el mercado y genera barreras para transar en él. Con tasas tan altas de crimen como las que se viven en Cali y algunas ciudades del Valle, el crimen hace cambiar el comportamiento de los individuos para no ser víctima de un acto delincuencial. No salir de noche, no visitar ciertas áreas, no llevar plata en el bolsillo, no sacar el celular. Todas estas limitantes imponen restricciones y son una talanquera no solo para una vida cotidiana tranquila sino también para dinámicas económicas que el gobierno promueve como la economía nocturna.

Estos efectos que afectan la convivencia en general, fueron medidos por estudiantes de los cursos de Introducción a las Politicas Públicas y Evaluación de Proyectos en conjunto con el Observatorio de Politicas Publicas – POLIS de la Universidad Icesi.

El estudio recolectó datos de 690 caleños y 745 establecimientos comerciales en toda la ciudad. Paradójicamente, los resultados no sorprenden. Más del 60% de los encuestados no se sienten seguros en Cali, la noche es el momento que genera mayor percepción de inseguridad y los lugares públicos (cajeros, estaciones de bus, esquinas) son los que más miedo generan. Las personas atribuyen esta percepción a la baja presencia policial.

Entre los comerciantes, las estadísticas son aún más altas. 74% de los comerciantes encuestados considera que la situación de inseguridad en la ciudad representa una amenaza para su negocio y en similar proporción consideran que el crimen urbano afectan negativamente las posibilidades de expansión.

Tanto individuos como comerciantes muestran una baja confianza institucional. Además de percibir que la policía y es sistema judicial son ineficientes, tanto comerciantes como ciudadanos estarán dispuestos a pagar por vivir en una ciudad más segura, pero no lo harían vía impuestos.

Los comerciantes por ejemplo, en promedio estarían dispuestos a pagar $68.000 adicionales al mes para tener más seguridad, pero lo invertirían en mecanismos de seguridad privada. La percepción de pago de impuestos que no se refleja en mejores servicios es altamente generalizada.

Este es un esfuerzo de la academia y los estudiantes del Icesi por contribuir con datos que permitan tomar decisiones mejor informadas en el sector público. Los resultados del estudio serán presentados este martes 9 de mayo a las 10:00 de la mañana en el tercer piso del CAM


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