Una cascada de reacciones a favor del gobernador de Nariño, Camilo Romero, se generó mayoritariamente en el departamento luego de conocerse la decisión de la Fiscalía General de la Nación de anunciar, para el próximo 1 de noviembre, la imputación de cargos por cinco delitos a raíz de supuestas anomalías en la venta de 80 mil cajas de aguardiente.

“Si hay un Gobierno que tiene autoridad moral para hablar de lucha anticorrupción es este pues ningún otro en Colombia cuenta con 13 herramientas efectivas para combatirla. Por eso la Fiscalía no amedrantará ni chantajeará, ahora, al pueblo de Nariño con acusaciones frente a un procedimiento que lleva 14 años en el departamento”, manifestó Romero.

El mandatario departamental cuestionó que el ente acusador haya informado sobre la decisión vía Twitter y no a través de una notificación oficial. “La Fiscalía ha anunciado una campaña para cuidar recursos públicos llamado Bolsillos de Cristal, aquí lo único claro para la opinión pública es que si hay alguien de bolsillo es el fiscal”, recalcó Romero al señalar que es controversial el hecho de que el ente acusador llame a pedir cuenta, precisamente ahora, de un procedimiento que ejerce normativamente el departamento de Nariño desde hace 14 años, y por el que han pasado cuatro administraciones más.

“El mensaje es de total tranquilidad de que hemos hecho y seguiremos haciendo las cosas bien. La Fiscalía dice que es un nuevo procedimiento, pues están las constancias de que el departamento ejerce este proceso desde el año 2002, el único nuevo aquí es el fiscal”, puntualizó.

Romero recordó que la misma Gobernación ha facilitado toda la información en medio de las visitas técnicas de la Fiscalía frente al caso. Invitó a Néstor Humberto Martínez, que antes de hablar de corrupción, siga el ejemplo de Nariño de ser el primer departamento en el país donde el gobernador y el gabinete han publicado sus declaraciones sobre sus bienes patrimoniales.

“Aquí lo único que hemos hecho es gobernar con el pueblo y de forma transparente. Somos los únicos que hemos publicado las declaraciones de bienes del gabinete. La ciudadanía puede saber cuánto gana y debe el gobernador. Nosotros damos ejemplo no con discurso sino con hechos”, añadió.

Para sectores que salieron en defensa del gobernador es llamativo que cuando nuevas propuestas políticas y de participación ciudadana quieren abrirse paso en la democracia se torpedeen con decisiones judiciales

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